El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finaliza a las 14:00 horas del 15 de marzo de 2018.
Las democracias modernas son democracias representativas, sustentadas en cámaras parlamentarias que representan al pueblo y ejercen sus atribuciones en nombre de este, a través de miembros elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León encomiendan a los poderes públicos la tarea de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, por lo que, de manera complementaria, se han desarrollado herramientas y fórmulas de democracia participativa.
Actualmente, la ciudadanía puede manifestar su opinión y tomar parte en los procesos de decisión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en general, en el ejercicio de sus principales competencias a través de diversas vías como son los órganos de participación, la interlocución institucional, el diálogo social, la transparencia, la participación ciudadana o el gobierno abierto.
La democracia participativa es una realidad asentada en la vida política y administrativa de la Comunidad de Castilla y León, pero también se trata de un área en la que es necesario seguir avanzando.
En este marco, el objeto de esta ley es reforzar la participación de la sociedad civil en el ejercicio de las competencias de la Comunidad de Castilla y León, regular las iniciativas ciudadanas relativas a dichas competencias y establecer el régimen jurídico de las consultas populares no referendarias, todo ello, sin alterar la participación ciudadana que se promueva o lleve a cabo por otras vías y con otros fines.
Anteproyecto de Ley de diálogo civil y democracia participativa.