Se encontraba en búsqueda, detención y personación por los Juzgados de Córdoba, Alcalá de Henares y Sevilla.

En el primer trimestre de 2022 la Comandancia de Burgos ha localizado y detenido en la provincia a doce personas en estas circunstancias, dos de ellas por orden internacional

12 de abril de 2022.- La Guardia Civil ha localizado y detenido en el Valle de Mena a D.J.J. (38) sobre el que recaían tres órdenes en vigor, dimanantes de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Córdoba, Nº 2 de Alcalá de Henares y Nº 15 de Sevilla, todas de búsqueda, detención y personación.

La detención se llevó a cabo días atrás. Sobre esta persona recaían varias requisitorias, en vigor desde el pasado mes de enero, por diversos hechos perpetrados meses antes y que guardaban relación por unos supuestos ilícitos en el ámbito de las estafas.

Fruto de la información recabada por efectivos del Cuerpo, fue localizado en un municipio de esta comarca burgalesa, donde se llevó a cabo la detención, para ser trasladado a continuación a dependencias oficiales del Cuerpo para la instrucción del correspondiente atestado, que ha sido presentado junto con el detenido en los Juzgados de Villarcayo.

12 reclamados detenidos en el primer trimestre de 2022

En el primer trimestre del presente año las distintas unidades territoriales pertenecientes a la Comandancia de Burgos han identificado y detenido a 12 personas, con este tipo de requerimiento judicial en vigor; de ellas 10 corresponden a señalamientos nacionales y el resto a reclamaciones internacionales.

Las detenciones en ambos supuestos se han hecho efectivas, por ejemplo, en vías de comunicación como resultado de acciones preventivas habitualmente dirigidas a la seguridad ciudadana, al ser parados cuando se encontraban en tránsito por la provincia, en cascos urbanos de localidades burgalesas y en los propios domicilios, ya que algunos de ellos tenían su residencia habitual o provisional en nuestro territorio.

Las solicitudes de origen foráneo obedecen a reclamaciones de sus países de origen, Francia y Rumanía concretamente, por hechos relacionados con ilícitos del tipo económico/financiero y contra el orden público en relación con el COVID-19, respectivamente.